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NOS SAQUEARON

El maestro y analista político nos regaló este texto que dio al aire en el Noticiario BUENOS DÍAS SONORA de GRUPO LARSA y que me honro en compartirles por su interés y vigencia..
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EL MALHUMOR SOCIAL LOCAL: RAZONES
Bulmaro Pacheco

En 2010 el gobernador Guillermo Padrés presumía de que (el finado) Alonso Lujambio, entonces secretario de Educación del gobierno federal, le había autorizado la fundación de cuatro universidades tecnológicas (50% Federación y Estado) para Sonora gracias a sus gestiones (off course), pero que el problema “era saber dónde ponerlas” (sic).
Con el tiempo, estas fueron ubicadas en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Guaymas y Basconcobe (Etchojoa). Esas cuatro escuelas complementaron -con las de Hermosillo, Nogales y la del sur de Sonora- que ya existían, un sistema de siete instituciones de educación superior UT, que contribuyen a formar cerca de 9000 jóvenes.
Las obras de infraestructura programadas para la operación de dichas instituciones se fueron retrasando, porque el gobierno gastaba primero las aportaciones federales y no ponía lo correspondiente al Estado. Eso provocó que en algunos casos, como en Guaymas, la UT funcionara en instalaciones improvisadas o prestadas, afectando la calidad de los servicios y retrasando la operación educativa.
Capítulo aparte merece la historia particular de la adquisición de los terrenos para construirlas. Un negocio redondo para allegados y familiares, por el precio de compra de los terrenos como particulares a ejidos, y el de la venta arreglada al gobierno estatal para construir las obras. No se midieron.
Cuando se fundaron dichas universidades, por alguna razón nadie contempló la afiliación de los trabajadores académicos y administrativos que las componen a ningún régimen de seguridad social. Antes, las de Nogales y Hermosillo habían sido afiliadas al ISSSTE y por alguna razón la UT del Sur, en Ciudad Obregón al ISSSTESON.
Hasta la fecha, y a seis años de haber sido creadas las últimas cuatro, no existe un sistema de reconocimiento de la antigüedad para los trabajadores, y tampoco las prestaciones y el acceso a los servicios médicos que -ante esa omisión- deben correr por cuenta de las ya de por sí exiguas finanzas de las UT. Trátese de un parto de alguna de las trabajadoras o de algún accidente de trabajo de un funcionario, todo debe salir del presupuesto de las UT lo que las debilita en lo interno y las pone bajo riesgo de conflicto laboral y político en el mediano plazo.
La gestión, ahora depende del gobierno estatal hacia las autoridades centrales del ISSSTE… y mientras más pronto mejor. Es presente y futuro de 450 trabajadores de la educación superior sonorense que ahora se encuentran a la deriva, y es una carga financiera hacia las instituciones con muy poco presupuesto, las que deben asumir los gastos de los servicios médicos en clínicas privadas por culpa de una mala herencia.

A los trabajadores de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, ubicada en Ciudad Obregón, les descontaron puntualmente las cuotas correspondientes a la seguridad social, pero el gobierno nunca se las entregó al Isssteson. La UTSS adeuda a la dependencia de seguridad social estatal 58 millones de pesos.
Al Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) le hicieron lo mismo. Su deuda con el ISSSTESON alcanza los 42 millones de pesos, con daños severos para sus finanzas. Igual andan los de Cananea (14 Mdp) y Puerto Peñasco con 12 Mdp.
La irresponsabilidad del gobierno panista no tenía limite. Sabían que descontando la cuota correspondiente a los trabajadores se harían de dinero contante y sonante, pero el daño era doble: A las Instituciones educativas por crearles un déficit financiero y adeudos forzados, y al ISSSTESON por ahondar su crisis financiera y su necesidad de mayor endeudamiento para poder operar. ¿En qué estarían pensando? ¿En que nunca se sabría?
Al Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (CONALEP) en Sonora, también lo dejaron incompleto. A la fecha sus cifras oscilan entre 110 y 120 millones de pesos lo que le adeuda al Issste, Fovissste y SAR.
Sus más de mil trabajadores agrupados en tres sindicatos (dos docentes y un administrativo), pasan las de Caín a la hora de solicitar préstamos de corto plazo y créditos para vivienda, y viven una constante incertidumbre a la hora de solicitar los servicios médicos oficiales prestados por el ISSSTE, ante el riesgo de que les nieguen el servicio por falta de pago. También aquí descontaron, pero no entregaron.
El ISAF ha hecho las observaciones del caso sin ir al fondo del problema. Omite señalar que, como en otros casos, ese dinero descontado a los trabajadores nunca pasó por las manos de los directivos de las instituciones sino que se quedó en la famosa “licuadora”, tantas veces esgrimida por el ex titular de las finanzas estatales ante los reclamos y a la hora de argumentar que “no había dinero”.
¿Quien se quedó con ese dinero? ¿a dónde fue a parar? ¿cómo explicarnos las propiedades faraónicas que a cada rato se le descubren a los ex funcionarios del gobierno del PAN? ¿cómo dejar de lado esa rebasada tesis de “enriquecimiento inexplicable o tratar de justificar el valor de las grandes casas y los amplios ranchos adquiridos en el sexenio solo con el salario devengado por los ex servidores públicos?
El drama económico y social para los trabajadores de la educación media superior y superior estatal es una carambola de tres bandas: ¿Qué van a hacer con aquellos trabajadores cuya antigüedad ya les da el derecho a gestionar su jubilación? ¿Qué van a hacer aquellos trabajadores a los que no les cuenta su antigüedad por no tener su registro? ¿Qué hacer con aquellos a los que se les han reconocido menos años de los trabajados? Una bomba de tiempo que debe ser abordada con la seriedad y la premura que obliga.
En la lista de las entidades donde se depositó dinero federal para el gasto educativo (2012-2015) Sonora aparece junto con Veracruz y Chihuahua entre las entidades que más dinero adeudan por no haber entregado en tiempo y forma lo depositado por la Federación. Veracruz alcanza los 4 mil millones de pesos, Chihuahua 1,750 y Sonora 825. Ese dinero debería haber sido entregado para concluir obras, complementar proyectos y apoyar programas en instituciones de educación media superior y superior, pero en el gobierno anterior lo distrajeron o se lo quedaron.
La Auditoría Superior de la Federación ha solicitado a algunas instituciones la devolución de los fondos señalados por no haber sido aplicados en tiempo y forma para lo que fueron destinados. Los ex titulares (off course) alegaron que dichos montos nunca llegaron a sus manos y que al reclamárselos a los responsables de las finanzas estatales, estos se disculpaban argumentando que “estaban en la licuadora… Y ni modo” (sic).
Igual sucedió con los dineros destinados a una obra educativa gestionada por el Partido del Trabajo, recursos etiquetados para la Universidad y el Colegio de Sonora, atraso en la entrega de recursos al Congreso Local y al Instituto Estatal Electoral y una diversidad de fondos municipales para obras, seleccionados por legisladores desde el Congreso de la Unión para algunas autoridades municipales, que todavía al final de sus períodos (2015) continuaban haciendo cola para aclarar el destino de dichos fondos.
Al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, todavía apenas el año pasado la Auditoría Superior de la Federación le reclamaba la devolución de 234 millones que no habían sido aplicados a su destino original, sino que fueron desviados para otros fines. Los directivos en su defensa y argumentando -que nunca habían visto esos recursos pasar pos sus manos-, esparcieron la versión de que -con alguna seguridad- dichos fondos habían sido destinados (desviados) a la construcción del pomposamente llamado “Estadio Sonora”. ¿Quien rendirá cuentas por eso?
Antes, el ayuntamiento de Nogales bajo la administración panista de José Ángel Hernández Barajas (2009-2012), fue enviado al buró de crédito por no haber entregado al SAT, durante tres años consecutivos los pagos correspondientes al impuesto sobre producto del trabajo, descontado previamente a los trabajadores del ayuntamiento.
Después y a finales del sexenio se dio el escándalo de los perdones fiscales por 708 millones vía auditorías Estado-Federación, SAT, para 41 empresas de amigos y asociados del gobernador en turno, incluidas empresas de candidatos panistas reconocidos.¿Cuanto suma todo lo mencionado?¿Donde están los elementos para fingir inocencia?
Ante el debate actual, ante tanto desorden y el cinismo rampante que ya empieza a circular, surge una primera interrogante: ¿Qué tipo de gente gobernó Sonora el sexenio pasado? ¿de qué estaban hechos? ¿qué pensarían del Poder? ¿por qué obrarían así? ¿por qué ahora se dicen inocentes y se defienden de todo como si no debieran nada?
Quienes tomaron el Poder el sexenio pasado, nunca reunieron el perfil de los panistas clásicos que lograron en Guanajuato y Baja California quedarse en el Poder por varios sexenios. Allá, el panismo aplicó décadas de lucha con militantes fogueados, que sabían a lo que le tiraban al llegar al Poder… y se cuidaron. En Sonora no. Ante lo controvertido de su victoria, el PAN no dudó en hacer alianzas con aventureros, logreros y buscadores de fama y fortuna. Así llegaron al Poder, para servirse.
Consolidaron a una generación disfrazada de “emprendedores”, que en el fondo han resultado aprendices transexenales de “vividores” del gobierno con disfraces variados del sector privado. El ascenso y la fortuna de estos personajes se liga directamente a lo que le pueden escarbar a los gobiernos en terrenos, obras públicas, venta de bienes o renta de edificios, entre otros. Una amplia clase dorada y ociosa que cabildea, trabaja poco, muy rica y con altas dosis de cinismo, que lo mismo le da trabajar para el PAN, el PRI o para quien demande sus servicios a nombre de sus influencias. Un auténtico fardo que el Estado arrastra y que limita su crecimiento.
Se apropiaron de terrenos, dinero, casas, bienes públicos, dependencias federales y estatales estratégicas para ubicar bienes, y crearon una compleja red de concesiones y asociados que le cerró oportunidades a gente que quiso participar en licitaciones y obras, y que no pudo hacerlo por la excesiva concentración de poder económico, administrativo y político.
El recurrente malhumor social en Sonora tiene ya su tiempo y no es de ahora. La elección de junio pasado fue un ajuste de cuentas contra el PAN y sus estilos, pero al parecer ellos no han procesado todavía el mensaje del votante. El PRI tampoco debe confiarse. La gente irritada ya voltea a verlo.
Ese malhumor social que se nutre de la complejidad de los problemas económicos y de seguridad que agobian a la población, ahora incluye la exigencia social de castigo a quienes asaltaron a Sonora.
No se trata de una cuestión de partido ni de clase ni del gobierno. La exigencia de No a la Impunidad, penetró el tejido social, está en todos los ámbitos de la vida estatal y es un reclamo ciudadano vivo y constante en todos los foros. Estamos a tiempo.

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